Mirá en exclusivo la documentación oficial donde la exministra de Seguridad de Cambiemos realiza una millonaria compra de material bélico, parte del cual terminaría siendo disparado por las fuerzas de seguridad en Bolivia para concretar y sostener el golpe de Estado de noviembre de 2019. Cuánto pagó Patricia por las balas y los gases lacrimógenos que meses después sirvieron para derrocar a Evo Morales.

Lunes 18 de junio de 2018. Patricia Bullrich, ministra estrella del gobierno de Cambiemos, estampa su firma junto a la de Luis Riva, interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).

Con ello, la cartera de Seguridad se garantizaba la provisión de una importante cantidad de municiones y de disuasivos químicos, suficientes para controlar y aplastar toda manifestación habida y por haber que se le presentara al gobierno de Macri en cualquier punto del país.

Con ese contrato de 63,5 millones de pesos (a valores de hoy serían $176,4 millones), Fabricaciones Militares se comprometía a proveer 5.850 granadas de mano, 6 mil cartuchos calibre 38,1, casi un millón y medio de cartuchos 12/70 (algunos con postas de goma y otros con postas de plomo), y 2,8 millones de balas 9 mm. Todo con entrega pactada para un plazo de 120 días hábiles.

Todo esto estaba previsto y detallado en el Acta Acuerdo Bilateral para la provisión consolidada de Municiones y Disuasivos Químicos con destino a las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Le hubiera venido bien una aclaración al final de semejante título: “De la Argentina”.

Y decimos esto, lógicamente, porque buena parte de todo ese material fue finalmente desviado por el gobierno de Cambiemos, y contrabandeado a Bolivia para alimentar las cartucheras de los uniformados que en el Altiplano se encargaron de usarlas para aplastar los movimientos sociales que intentaron resistir el golpe de Estado contra Evo Morales.

El contrato, que lleva la firma digital de Patricia Bullrich, no sólo describe al detalle las municiones y disuasivos que el ministerio le compró a la DGFM, sino que prevé qué destino tendrá cada una de ellas (aclaración por las dudas: en ninguna columna decía “Bolivia”).

De ese modo, asigna la mayor cantidad de balas 9 mm a la Policía Federal, y una proporción menor a la Policía Naval y a la Gendarmería. En contrapartida, las postas Antitumulto van mayormente a Gendarmería y a la Policía Naval, y un escaso número a la Federal. En el rubro de los disuasivos químicos, como las granadas de mano y los cartuchos de gas pimienta, la mayor proporción fue a manos de la Gendarmería.

Quizás lo más interesante del documento es el detalle del precio unitario y global de esos materiales bélicos que Bullrich estaba comprando a la DGFM.

¿Qué tiene de interesante ese detalle? Que nos permitió tomar con absoluta precisión los costos de los materiales contrabandeados a Bolivia para apoyar el golpe dado por Camacho y sus amigos, y sostenido por el gobierno de facto de Jeaninne Áñez.

Así es como podemos conocer el precio unitario de las Granadas de Mano CN, las CS o las HC, que en 2018 se pagaron entre $1.512 por unidad. Datos tan interesantes como el valor de los cartuchos AT calibre 12/70, que se pagaron a razón de $14,64 cada uno.

Con ese detalle de los precios oficiales que pagó el Ministerio de Seguridad para adquirir estos materiales, lo que hicimos fue calcular el costo de todo el armamento que se traficó a Bolivia para que Añez reprimiera las protestas sociales. En la última columna, lo que tenés es el valor actualizado a julio de 2021, conforme a la inflación. El detalle es éste:

En ese detalle de precios hay dos productos que no estaban en el contrato firmado entre Bullrich y la DGFM. Son los dos últimos de la lista: los gases lacrimógenos Spray MD-9 y MK-4 que son Made in USA, pero que figuraban en la documentación diplomática y administrativa hallada tanto en Bolivia como en Argentina. Y que fueron hallados en los depósitos de la Policía Nacional de Bolivia. En este caso, tomamos el costo estimado actual de ambos productos y por eso no tienen actualización inflacionaria.

En definitiva, lo que hizo el gobierno de Cambiemos fue donarles a los golpistas bolivianos material represivo por un valor de más de 5 millones de pesos, que fue contrabandeado.

No puedo dejar de pensar en el escándalo que intentaron instalar los medios de comunicación de la derecha por la compra de material para la Educación Sexual Integral de nuestros chicos, por un valor de 13 millones de pesos, diciendo que hay otras prioridades donde gastar el dinero.

Se ve que la compra de penes de madera les molesta, pero la donación de material bélico para un grupo de golpistas trasnochados no les estaría resultando tan escandaloso. Ni siquiera por el gasto que implicó.

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