Un alto ejecutivo del organismo continental pidió que se investigue el origen de las balas que causaron 37 muertes en Sacaba y Senkata, a pocos días del golpe militar en Bolivia. En su momento, el gobierno de Añez afirmó que las víctimas habían sido alcanzadas por balas que no eran habitualmente usadas por sus fuerzas de seguridad. ¿Si no eran balas bolivianas, entonces de dónde eran? Todos los caminos parecen apuntar al mismo lado.

Me parece que estamos frente a un problema. Un problema que surge de que tenemos dos masacres pero todavía no tenemos los dueños de las balas.

Estoy hablando de las masacres de Sacaba y Senkata, en Bolivia, el 15 y 19 de noviembre de 2019. Episodios luctuosos que terminaron con al menos 37 muertos y más de 200 heridos entre los manifestantes, que resistían al asalto al gobierno hecho las fuerzas de la derecha, para depositar a Jeaninne Áñez en la presidencia.

Lo insólito de esta masacre, es que Arturo Murillo, la bestia que habían designado como ministro de Gobierno de Bolivia, una especie de Bolsonaro del altiplano, afirmó colmado de total cinismo, que los muertos habían sido asesinados por sus propios compañeros. Y para decir esa brutalidad, argumentó que en los cuerpos de los fallecidos se habían encontrado balas de calibres que no son utilizados por las Fuerzas Armadas ni por la Policía Nacional de Bolivia, que fueron las que participaron de esa represión, sin contar una sola baja en sus filas.

¿Ah sí, Murillo? ¿Con que los muertos estaban bien muertos con balas que no eran bolivianas? Ahora sí creo que estoy entendiendo... ahora sí.

El que entendió algo parecido a eso es Paulo Abrau, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y relator del informe que hizo la CIDH sobre las Masacres que Sacaba y Senkata, a las que no se dudó en calificar como crímenes de lesa humanidad.

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Este viernes, Abrau, brasilero, disertó ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. Y dejó algunos interrogantes picando, que parecen ahora tener respuesta. Fue él quien condujo la misión de la CIDH que ingresó a Bolivia inmediatamente pasadas las protestas sociales que terminaron en un baño de sangre. Lo primero que le llamó la atención de esos episodios fue el “uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad, de una manera masiva y sorprendente. Con una increíble capacidad bélica de parte de las fuerzas armadas”, señaló.

En el trabajo de relevar y documentar los detalles de las masacres, quedó impactado por el planteo de las autoridades del gobierno de facto. “Nos reunimos con las autoridades responsables de las investigaciones, del instituto forense, que fue el que priori recaudó los balines que habían sido utilizados durante las protestas”, reseñó, agregando que también la misión de la CIDH recibió material de parte “de las comunidades indígenas, de las mujeres de pollera, que nos entregaron los balines que recogieron en su territorio después de las masacres”.

El dictamen de las pericias oficiales señaló que los proyectiles extraídos de los cuerpos “no eran compatibles con los calibres oficiales utilizados por tanto las fuerzas armadas cuanto la Policía nacional de Bolivia. “Esto les permitió sostener en su momento la absurda tesis de que los manifestantes se auto-atacaron. Lo hicieron para culpabilizar y victimizar a los propios manifestantes”, se indignó durante la audiencia.

Ante la aparición de evidencias que revela que Argentina envió armamento a Bolivia que no puede explicarse en la documentación de la propia aduana, y que se choca contra toda lógica cuando se dice que fue para la custodia de la embajada en La Paz, el funcionario de la CIDH llega a la conclusión, o más bien a la pregunta, que todos llegaríamos. “Este es el elemento central y una de las primeras líneas de investigación que sí o sí se tienen que abrir en este momento. Hay que preguntarse de dónde provienen los materiales bélicos utilizados durante las represiones dentro del país”.

Sólo pensar que Argentina pudo haber aportado las balas que mataron a esas personas parece estremecer al brasilero, un admirador del rumbo emprendido por nuestro país en materia de derechos humanos. “Ahora nos damos con esta denuncia de que el Estado Argentino, un país referente de la región y del mundo, un estado inspirador para los otros pueblos de nuestra región para que profundicemos los procesos democráticos y logremos algún día alcanzar el estándar que Argentina ha alcanzado, resulta que también adhirió a una dinámica de cooperación regional a la represión del pueblo en Bolivia”, se lamenta.

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Por eso no duda en considerar que el escándalo por lo sucedido en Bolivia constituye “uno de los más graves retrocesos en 50 años de democracia en nuestra región, donde hemos venido intentando construir una transición del Cóndor al Anti-Condor”.

“Si ustedes miran los videos de las intervenciones de Sacaba, por ejemplo, es una de las representaciones más violentas en el uso de gas lacrimógeno, de manera indiscriminada”, comenta. Gas lacrimógeno, justo lo que envió Patricia Bullrich.

Pero el brasilero continúa: “La verdad es que las fuerzas policiales represivas de Bolivia estaban muy bien armadas, muy bien preparadas en términos de munición, porque las escenas son críticas”, dice, sin ninguna ingenuidad y sabiendo perfectamente qué nervio está buscando activar.

El planteo entonces ya no está en los actuales gobiernos de Argentina o de Bolivia, que naturalmente tendrán la intención de echar luz sobre estos acontecimientos y, si se quiere, tienen cierto interés o parcialidad en este asunto. Ahora lo está afirmando un alto ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“De manera que una de las líneas de investigación tiene que ser saber de dónde provienen estos materiales bélicos. Y si no eran materiales de calibres oficiales, ahí está un indicio muy serio de que estos materiales tenían origen desde afuera”, agrega, sin dudar en señalar que “estamos hablando de masacres que constituyen crímenes de lesa humanidad. Y ese criterio técnico debe en este momento orientar una investigación de estas masacres”.