L a V de 23.30 a 24 hs “TLN Denuncia” por Canal 9. De lunes a viernes de 13 a 15 hs nos acompaña TOMÁS MÉNDEZ en “El Ojo de la Tormenta” por Radio AM 750.

TLN Denuncia realizó una investigación sobre casi 300 declaraciones juradas de los diputados y senadores del Congreso de la Nación Argentina.

Teniendo en cuenta que, en nuestro país, según los últimos datos del INDEC, casi 15 millones de personas no tienen vivienda propia, los parlamentarios en promedio indican tener casi dos propiedades per capita.

El informe une estas dos realidades y se realiza algunas preguntas respecto a cómo la política puede votar y regular la ley de alquileres que afecta directamente a ellos mismos como parte interesada del negocio inmobiliario.

El parlamento, la inmobiliaria más grande de la Argentina

Las declaraciones juradas deberían ser una radiografía del patrimonio “real” del funcionario público como instrumento para evitar la corrupción y que su patrimonio se maneje con transparencia.

Sin embargo, las normas admiten formalmente que el funcionario registre el valor fiscal en lugar del valor real de los bienes.

De acuerdo con lo declarado por los políticos que integran el Congreso de la Nación, entre todos sus miembros poseen 541 propiedades en su mayoría casas, campos y departamentos.

En el informe se analizan las declaraciones de Luis Juez, Cristian Ritondo y Mariano Campero.

De público conocimiento es que el diputado Nacional Cristian Ritondo posee más de 370 propiedades por más de U$55 millones. Sin embargo, solo declara un lote en el municipio de Pinamar por un valor de $6 millones.

El diputado Mariano Campero es dueño de un country que figura a nombre de su cuñado de 39 años. Pero en Tucumán se conoce a “viva voz” que el propietario real es Campero. En su declaración el político no declara ninguna propiedad.

Con respecto al senador nacional Luis Juez, en la declaración jurada presenta una cochera y 3 casas. Una de ellas en un country cuyo terreno se extiende a 1.500m2 y el valor declarado es de $11 millones. ¿El valor real? Solo del terreno cuesta U$350 mil.

Entonces las preguntas se amplían. 

Si estos políticos son quienes regulan el precio de los alquileres en el mercado, poniéndose claramente en el lugar del propietario como parte interesada del negocio; ¿no es incompatible su participación en la ley con respecto a la función pública? ¿éticamente, corresponde que voten siendo parte interesada?

No te pierdas el informe de Tomás Méndez en TLN Denuncia por Canal 9

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