En un comunicado oficial que rechaza el proyecto que busca introducir una reforma en las jubilaciones de privilegio, el Poder Judicial insiste en sostener que la actividad que llevan adelante es única y muy delicada, y que por lo tanto deben gozar de condiciones privilegiadas.

"No me parece justo que se cobre 30 veces el salario mínimo", Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura.

¿Qué relación guardan los privilegios de los empleados del Poder Judicial con la administración de la justicia? ¿Son realmente condiciones para garantizar un funcionamiento transparente o se trata de privilegios de clase?

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Ante la inminente reforma que se debate en el Congreso, algunos magistrados, como Miguel Ángel Caminos, ya han puesto en marcha sus trámites jubilatorios porque "no puedo cambiar así como así mi tren de vida". En lo que puede entenderse como una reacción extorsiva, desde el cuerpo judicial han advertido sobre posibles renuncias masivas que afectarían el correcto funcionamiento del sistema.

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Otros magistrados ya han adelantado que presentarán amparos porque el proyecto es inconstitucional. Entre otras cosas, se resguardan en el artículo 110 de la Constitución Nacional que dice que a los jueces no se les puede reducir el salario bajo ninguna circunstancia. Como reza el famoso verso: hecha la ley, hecha la trampa.

"De ustedes depende que hagamos un Poder Judicial mejor", Alberto Lugones.

Parece increíble la coordinación y la prontitud con la que algunos funcionarios están dispuestos a actuar en nombre de la honorabilidad de la profesión. Claro, una vez que les tocan el bolsillo.