El problema no es exclusivo del rubro de los alimentos, sino que se repite sistemáticamente en casi todas las licitaciones y desde hace tiempos inmemoriables.

Lo que posibilita el sobreprecio es la constitución de unas pocas empresas intermediarias que concentran la producción y que acuerdan entre sí los precios. Así le hacen frente al estado, quien debería comprar al menor precio, y no tienen escrúpulos de hacerlo en contextos de emergencia.

“Hace muchos años que vengo diciendo que hay más corrupción en los alimentos que en la obra pública; porque hay sobreprecios en las grandes cadenas, porque hay cartelización de góndolas. Esto es histórico”, Víctor Fera.

Según relata Fera, el problema se origina en las demoras para pagar del estado. Sin ir más lejos, recuerda lo que le ocurrió en varias licitaciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Tardó más de 5 meses en cobrar y en el medio le intentaron aplicar multas por los productos que había entregado para evitar pagarle lo que correspondía.

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Con estos obstáculos, los industriales prefieren no presentarse a las licitaciones y entonces venden a grupos intermediarios. Son unos pocos y manejan las licitaciones.

El presidente de Maxiconsumo sugiere que el estado asegure fechas de pago y se anima a aventurar una solución: que a los 7 días de entregada la mercadería, por ejemplo, el estado conforme la boleta, se deposite el importe en un plazo fijo Banco Nación, una vez cumplido el plazo de pago, se descuenta la factura y el estado se queda con los intereses. De esa manera la industria tiene seguridad para licitar y no habría necesidad de contar con intermediarios.

"Acá el problema es que es una práctica que lamentablemente padece el estado y que ahora tenemos la oportunidad de que como todo cambia, podemos cambiarla, y es cierta cartelización de los proveedores del Estado", Alberto Fernández.

No hay que dejar de lado que hay personas cuyo trabajo es corroborar, gestionar y convalidar las compras. En ello deben asegurarse de que el estado compra a su favor, protegiendo las cuentas públicas. La responsabilidad está en esos puestos.

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Difícilmente pueda o deba una persona con rango de ministro revisar los miles de licitaciones activas que tiene bajo su mando. Lo que sí debe haber es control y decisión política de erradicar estas prácticas dañinas.

En ese sentido, por los hechos de público conocimiento, el gobierno actuó desde los más altos niveles para garantizar que no vuelva a ocurrir. El mismo presidente aseguró que por la compra en cuesitón no se realizaron los pagos y se cancelaron otras licitaciones de aciete y azúcar en donde se detectó sobreprecios. Además, se dispuso que se revisaran los precios de las compras pasadas de acuerdo a los precios máximos impuestos por el estado. De ahora en más, el estado no podrá comprar más caro que los precios máximos.