De nuevo la SIDE, ¿vuelven el espionaje y las escuchas avaladas por el Poder Judicial?

Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 10 AM, nos acompaña TOMÁS MÉNDEZ en DURO DE CALLAR por Radio Del Plata. 

Las nuevas autoridades pretenden reincorporar a funcionarios retirados y a especialistas del mundo blockchain que harían su primer paso en la función pública.¿Qué es “blockchain”? 

Se trata de una enorme base de datos que recoge y almacena la información. De esta forma se crea un registro que es único pero que a su vez generan copias sincronizadas, lo que hace imposible manipular los datos. La idea de la cadena tiene que ver con la fiabilidad que aporta esta tecnología ya que los bloques guardan la información de manera lineal y no se pueden eliminar o manipular, por lo que no se puede romper esa cadena gracias al uso de la criptografía. Su capacidad para registrar de forma inalterable todo tipo de operaciones digitales facilita la autenticación, seguimiento y “trazabilidad” de dichas transacciones.La creación de esas “huellas” digitales ha provocado que su uso haya saltado rápidamente del sector financiero a otros sectores muy diversos como la distribución, la logística, la sanidad o la fabricación.  

Tomás Méndez conversó con Leopoldo Raúl Guido Moreau, periodista y político. Actualmente  ejerce como diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana e integra el bloque del Frente para la Victoria.

Lo más importante y podríamos decir lo más grave, opina el diputado con respecto al cambio que está realizando el Gobierno Nacional sobre la estructura de la Secretaría de Inteligencia que pasa a formar parte del ministerio de Economía y vuelve a denominarse SIDE, es que “una ley de inteligencia se hace para resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos. De modo tal, que un organismo de estas características no debe invadir la vida privada, ni las actividades lícitas que el ciudadano desarrolle, ni lo acose ni lo haga integrar una base de datos por su filiación política, raza, religión, etc.”, dice Moreau.

¿Esto que significa según el diputado?

No se puede regular una ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia ya que el control democrático comienza propiamente por el debate de la propia ley en el Parlamento y continúa con lo que se denomina la comisión bicameral de inteligencia que es quien controla los organismos de inteligencia. Toda una contradicción.

Moreau expresa que si se niega el control que debería hacer el Parlamento, como debate inicial democrático, se entiende que estamos frente al arbitrio de lo que el funcionario de turno resuelve sobre cuestiones tan sensibles como una ley de inteligencia.

La primera ley, la original, fue votada y discutida en el Parlamento en el año 2001, previo a la convulsión que vivió el país en ese momento.

Hay 3 leyes creadas que se llamaron el “Pacto Democrático en Argentina” que se sostienen hasta el día de hoy, como dice el político “con bastantes dificultades y agujereadas”.

La primera es la de Defensa Nacional, votada en el gobierno del Dr. Alfonsín por unanimidad.

La segunda es la Ley de Seguridad Interior que fue votada en el gobierno de Carlos Menem también por unanimidad.

La tercera es la Ley de Inteligencia, aprobada durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

La reforma de la ley se realizó durante el año 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández, a raíz del caso del fiscal Nisman. En ese momento el Parlamento debatió durante 45 días para la aprobación de las modificaciones que terminó con la vieja SIDE conformada en la AFI. Ante este acontecimiento, explica el diputado:

“Hacer el cambio por DNU, ya desde el inicio marca la ñata de la sociedad pegada contra el vidrio, sin la posibilidad de intervenir en algo tan sensible como es una ley de inteligencia”.

¿A qué habilita el DNU que la antigua ley no lo hacía?

Para Leopoldo Moreau las preocupaciones son importantes y numera:

Primero la ley imponía que el secretario de la SIDE tenía que salir por acuerdo del Senado de la Nación, algo que desde ahora se limita. Por lo tanto no existe la posibilidad de examinar a la persona que va a tener en sus manos nada más y nada menos que la constitución de todo el sistema nacional de inteligencia. El Senado no va a poder cuestionar o avalar quien va a estar frente al organismo.

Se está estudiando, según el político, la letra chica del decreto ya que se reestablecen mecanismos que vuelven a vincular la inteligencia con el Poder Judicial. Este tema se había resuelto ya que estaba prohibido que la inteligencia se entrometiera o se relacionara con la justicia. ¿La razón?

“Ese fue el huevo de la serpiente de lo que ocurrió en Argentina durante muchos años con el espionaje ilegal sistemático que tuvo como objetivo en la época de Macri, por ejemplo como quedó al desnudo en nuestras investigaciones, la persecución política”, recuerda Moreau.

Se realizaba inteligencia ilegal y con eso se abastecía a los tribunales de información y en algunos casos hasta se chantajeaba, dice el político y afirma que desde que ellos comenzaron a investigar y denunciar, cesaron las escuchas porque “empezaron a sentir el control democrático”.

El político rescata algo positivo del DNU que dice han sido recogidas de la bicameral. Por ejemplo el nuevo esquema crea cuatro direcciones.

La primera es la “Dirección de auditoría interna” que entre otras cosas recoge algo que el Senado de la Nación recomendó en su momento que es que cualquier agente o funcionario de inteligencia que quiera denunciar a un superior que le de una orden ilegal, pueda hacerlo sin pedir el levantamiento del secreto al que estaba sometido por su superior. Una contradicción importante.

Por otro lado y para finalizar, cuenta el diputado que se crea la “Fiscalía de inteligencia” y reflexiona:

“Es un disparate. Es volver a establecer un mecanismo de nuevo con el Poder Judicial. Sí se puede crear, como de hecho ocurre, una fiscalía de narcotráfico, de trata de personas o de terrorismo porque se crean fiscalías en la procuración por delito específico y no de origen” y se pregunta ¿pero una fiscalía de inteligencia?

¿Quién tendrá la respuesta y por qué?

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