La Argentina tomó una deuda económica impresionante, a eso ya lo sabemos. Recientemente, el FMI calificó el pago de los intereses como insostenible, a eso también lo sabíamos. Esta nueva postura del fondo tiene que servir para terminar con esta perspectiva de discusión sobre la deuda: desde un comienzo estaba destinada al fracaso.

Sin embargo, esta discusión que debería haber ocurrido con anterioridad ya es obsoleta y corremos el riesgo de desviar el verdadero eje del problema.

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El problema de la deuda no es el pago propiamente dicho. No es, en su formulación más importante y fundamental, un problema económico. Superficialmente se trata de ver cuánto pagamos y cuándo, pero esencialmente se trata de ver qué tenemos que hacer para cumplir con los pagos y cómo. Es decir, la deuda es un problema político de soberanía.

Eventualmente, el FMI debía flexibilizar las condiciones que mantuvo como iniciales para con la Argentina. Primero, por lo que siempre se supo acerca de los intereses y plazos imposibles. Segundo, por una cuestión de marketing. El FMI no deja de ser un negocio multimillonario y no se puede permitir seguir asociado a desastres como los de Grecia o los ya vividos aquí en Argentina, sin ir más lejos.

No obstante, el respaldo del FMI en la gestión de la deuda no es inocente. Por supuesto, a nadie le conviene que la Argentina entre nuevamente en default. Esta conveniencia es una cuestión, ahora sí, estrictamente económica, no política.

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Aquí está la trampa. Para que el FMI se muestre voluntarioso a conceder flexibilidades, la Argentina también tiene que mostrarse voluntariosa a aceptar condiciones. Condiciones que pretenden tener que ver con cuestiones fiscales, pero que en realidad plantean transformaciones sociales de base. Es un siniestro juego diplomático de idas y vueltas, de viajes a Nueva York y de fotos de grandes mesas de reunión. En un abrir y cerrar de ojos hay delegaciones de técnicos del fondo supervisando las cuentas del estado argentino.

El gobierno actual se ha mostrado muy dispuesto y muy interesado en resolver este problema. Decididamente encabeza la lista de prioridades, y parece ser lo correcto en tanto se entiende que es un problema de soberanía. Pero hay señales que también preocupan.

¿Qué significa que la Argentina se muestre dispuesta a cooperar? En la agenda mediática se han vuelto a instalar, desde el mismo gobierno, los temas de la reforma de la edad jubilatoria y el descongelamiento de las tarifas. Esos son los guiños. Así las cosas, la política parece una subdisciplina de la macroeconomía financiera.

Desde el oficialismo los temas se tratan con ambigüedad; diríamos en la jerga popular: como quien no quiere la cosa. En esta danza equilibrista de quedar bien con todos, a la vez mostrándonos predispuestos, pero sin echar marcha atrás, la incertidumbre y el miedo vuelven a crecer. No hay una postura definida, sino una actitud general de querer que las cosas salgan bien. La situación es tanto más grave en cuanto la deuda no es mayoritariamente con el FMI, sino con fondos privados que son mucho más inflexibles y agresivos a la hora de negociar.

El slogan de campaña “es con todos” se entiende bajo esta actitud general de que todo resulte de la mejor manera, pero es intraducible en acciones políticas que construyan la confianza y erradiquen el miedo bajo el que nos hemos acostumbrado a vivir: siempre al acecho de los dictámenes de los acreedores.