Fue la carta de presentación del gobierno del FDT. Acabar con los sótanos de la democracia. Música para los oídos de quienes padecieron la AFI de Arribas y Majdalani. Pánico para los que se valieron de ella. Pero con esa excusa nos vendieron la política de “apertura”. Y ojo, porque tal vez no serían tan ingenuos los que decidieron esa dirección. En este informe vas a entender cómo funciona ahora el organismo, quiénes se han apropiado de él. Y lo más importante: para qué y para quiénes. Agarrate que vamos a galopar.

El fin del secreto en la AFI podría haber sido una idea no todo lo transparente que suena. Y la aparente ingenuidad de “acabar con el secretismo”, quizás esté escondiendo algo cuya gravedad hasta podría ser puesta a la par de lo que fue el nefasto rol de “la Casa” durante el gobierno de Cambiemos.

Ya lo vas a entender, pero dame unos párrafos para explicártelo.

Cuando asumió Cristina Caamaño, este afán de acabar con los “sótanos de la democracia”, está claro que a la gran mayoría de los argentinos nos sonó como una expresión oportuna, quizás de alivio.

Cómo no iba a ser así, si veníamos de esos sótanos en los cuales el organismo había ampliado su dotación de personal de una manera macrocefálica, y los había puesto a los servicios de operaciones judiciales, políticas y mediáticas de la peor calaña. Seguimientos a opositores, cámaras, escuchas, infiltrados en organizaciones. Micrófonos y cámaras ocultas en cárceles, agentes secretos dentro de comedores barriales. Bases descentralizadas para controlar todo lo que sucedía en el gran buenos aires. Seguimientos. Fotos de opositores y fotos de la gente propia. Causas judiciales iniciadas con anónimos que ingresaban por debajo de la puerta. Falsos abogados, extorsión, mentira, apriete. Expedientes que aparecían en caminatas por Palermo, periodistas de investigación que resultaban agentes, bandas de espías produciéndole el programa de TV a un tipo de pirincho. En fin. Difícilmente se pueda caer más bajo.

Por eso la reacción opuesta.

Y en ese afán, se estarían cometiendo errores sumamente graves, que parecen pasar la línea de la imprudencia, para entrar en otro terreno bastante jodido. Ya vas a entender por qué.

Una de las primeras medidas que tomó Cristina Caamaño, fue la creación de un Consejo Consultivo para la AFI. Leíste bien: Consejo Consultivo en una agencia de inteligencia.

Este organismo está integrado por diferentes representantes de la sociedad civil y expertos en la materia, quienes se desempeñarán de forma “ad honorem”, según indicaron en un comunicado. “El cuerpo se constituyó como un espacio de consulta permanente para proporcionar e impulsar propuestas que procuren mejorar el funcionamiento y las tareas de la Agencia”, informaban en febrero de 2020. “La idea”, decían, es que estos especialistas brinden su “opinión sobre el desarrollo e implementación de acciones, mecanismos y políticas vinculadas al espíritu del DNU que dispuso la intervención de la AFI”.

Sonaba bien. Hasta delicado. Pero estamos hablando de la AFI, muchahos.

Y la cosa se pone complicada cuando repasás los miembros de ese Consejo, que está integrado por Alberto Binder (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales - INECIP), María Sidonie Porterie (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia - ILSED), Paula Litvachky (CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales), Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre), Juan Gabriel Tokatlian (Universidad Torcuato Di Tella), entre otros.

¿Cuál es el problema con ellos?

Te juro que no es personal. Pero se ha tomado la decisión de sentar a la mesa de la conducción de la AFI a gente que trabaja en organizaciones que gozan de financiamiento externo privado y gubernamental, lo cual plantea un escenario de injerencia de intereses foráneos en asuntos nacionales.

Para que te hagás una idea: es como si ARCOR financiara a la CIA. No lo aceptarían, ¿no? Bueno, acá estamos orgullosos de que organismos internacionales, embajadas de otros países, empresas que son un monstruo, pongan camionadas de guita en ONGs que después terminan asesorando a nuestro organismo de inteligencia. Y sí… algo de comprometida queda nuestra soberanía nacional, ¿no te parece?

Vos me vas a decir que es un poco persecuta el planteo. Y te entiendo. Pero lamentablemente las cosas funcionan así. Las potencias y gobiernos extranjeros no se limitan a operar afuera de su país sólo a través de sus servicios de inteligencia. No seamos ingenuos.

Estos países utilizan como vectores a “organizaciones no gubernamentales” para influir en la política nacional, presentándolos como representantes de la “sociedad civil”. Idéntico modus operandi es desplegado por empresas transnacionales que, de la boca para afuera te van a decir que buscan impulsar una sociedad libre y abierta, pero en realidad están buscando ventajas, menores regulaciones y menor control para poder hacer sus negocios y llevarse la guita.

Una clara señal de alerta es la participación del CELS en la inteligencia nacional. Esta organización, ya te lo conté alguna vez, se beneficia de millonarias donaciones procedentes del exterior. Mayoritariamente de Inglaterra. Sí, Inglaterra, el último país con el que estuvimos en guerra y que nos tiene secuestrado un pedazo de nuestra geografía.

Pero además de recibir toda esta guita, su titular, Paula Litvachky, es directiva de Penal Reform International (PRI), que en 2019/2020 recibió subvenciones del Foreign And Commonwealth Office del Reino Unido, y también del Departamento de Estado de EEUU, de la Cancillería de Países Bajos, de la Unión Europea, y como no podía faltar, también de la Open Society Foundation, del omnipresente y gran filántropo George Soros. ¿Vos en serio creés que a toda esta gente le encanta mandar guita para este lado del planeta porque sí, o porque están buscando algo?

Y fijate el rol de esta especialista, que no es simplemente una consultora. No señor. En agosto del año pasado fue disertante en una conferencia organizada y difundida por la AFI sobre “Desclasificación y clasificación de información”, abordando justamente la cuestión del secreto.

La incomprensión de la actual Intervención acerca de la necesidad de preservación del secreto se evidencia en numerosas medidas adoptadas. Pero una resultó clave y fue la remisión integral del Libro de Resoluciones de la AFI, que expuso no sólo identidades de agentes sino el propio despliegue operacional de la AFI, comprometiendo la seguridad de la Nación y de sus operadores.

El accionar de potencias extranjeras utiliza el discurso de la “sociedad abierta” y de la “transparencia” para influir e infiltrar otros Estados, condicionar sus decisiones soberanas y desarticular a su estructura de defensa civil, como la propia inteligencia y las fuerzas armadas. O sea. Estamos con todo al aire y felices de tener en casa a los que después nos la ponen.

Por eso, muchachos, me parece que a esta altura ya no hay boludos ni ingenuos. Abrir las puertas de par en par ya no parece ser un error sino una decisión.

Tenemos claro que la AFI que teníamos antes no la queremos. No queremos el uso de inteligencia para fines partidarios, represivos o incluso empresariales.

Queremos un organismo en el que se pueda y se deba trabajar en secreto, con la supervisión estricta de la comisión Bicameral del Congreso.

Pero basta de abrirle la caja fuerte, los archivos, los secretos, y basta de sentar a la mesa a organizaciones civiles subvencionadas desde el exterior.

Así, no hay soberanía nacional que sobreviva.

Así, la inteligencia se la estamos haciendo para los de afuera.

Salvo que ésa haya sido la decisión.