La Justicia encubre a Clarín e impide que le investiguen una offshore

Y no me entró en el título. Pero falta contarte que además los dos jueces que lo encubrieron a José Aranda, N°2 del grupo, hasta se animaron a "sugerirle" el camino para salirse del ojo de la investigación. Todo esto por un quilombo con una offshore fundada en 1984 en Panamá, con medio millón de dólares de capital.

Ni si quiera viajó a Panamá. José Antonio Aranda contrató los servicios del estudio Arias, Fábrega & Fábrega para que se encargaran de los papeles. Ellos mandaron a una abogada pasante quien fue la que se encargó de inscribir a la empresa LUARÁN S.A. en el Registro Público de Panamá. Y así comenzaba la feliz historia de una de las 11 offshores fundadas entre 1979 y 1984 por los CEOS del Grupo Clarín, Héctor Magneto, José Aranda y Lucio Pagliaro.

Vos y yo ya sabemos para qué son las offshores, ¿verdad?

Por eso vamos a esta historia.

La empresa toma su nombre de los apellidos de José Antonio ARANda y de su esposa, Noemí Alma LUna de Aranda, presidente y secretaria de la sociedad: LU-ARAN.

Conformada con un capital social de medio millón de dólares, que sin dudas en 1984 valían mucho más que lo que valen ahora, el feliz matrimonio definió el objeto social de la firma panameña acudiendo a un amplísimo abanico: desde comercializar bienes muebles e inmuebles, hasta actuar como representante de firmas, asociaciones y sociedades; desde poseer, suscribir, permutar o hipotecar acciones, bonos, cupones, valores, pagarés y un largo etcétera, hasta operar agencias marítimas o corredores navieros. Y creeme que me quedan un montón de puntos que no vendría al caso listar pero que existen.

Uno no termina de entender por qué dos “empresarios” argentinos fundarían una empresa de este tipo en Panamá, si no fuera con otro fin distinto al de evadir impuestos en nuestro país. Ya volveremos sobre esta cuestión.

Aranda saluda a Macri. Por detrás sonríe Magnetto. Una de las tantas cosas que los une es que los tres abrieron offshores en Panamá.

ARANDA, EL NACIONALISTA.

Lo cierto es que 36 años después de su fundación, este muchacho, don José Antonio Aranda, uno de los accionistas fuertes de Grupo Clarín, tomó la decisión de nacionalizarla. Para ello inició los trámites en 2020, intentando adecuar su sociedad (constituida en fraude a la ley) para ahora sí declararla en Argentina y adecuarla a la legislación local. Para eso intentó ampararse en una figura creada durante el gobierno de Cambiemos: las Sociedades Anónimas Unipersonales.

Bueno, supongamos que sí, que le agarró un ataque de civismo al pobre Aranda, que se arrepintió de haber constituido una sociedad en fraude a la ley. Entonces tuvo que presentarse ante la Inspección General de Justicia, y de algún modo admitir el carácter fraudulento de la sociedad, algo que ahora pretendía corregir.

Porque está claro que este tipo de sociedad debió ser constituida y registrada en la Argentina, porque su actividad era de argentinos y en Argentina. Pero sus dueños optaron por fundarla en otro país, fundamentalmente por motivos fiscales, lavado de dinero y/o de evasión de divisas al exterior. No hay muchas otras hipótesis.

La cuestión es que, al inscribir su sociedad, LUARAN SAU, Aranda presenta el estatuto, el cual en su artículo 3° señala que su objeto social es "dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y en el extranjero, a realizar inversiones o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse, sean nacionales o extranjeras”.

Y acá viene el problema. Porque don Aranda, el ladero de Magnetto, presentó los estados contables de esta sociedad con un capital social de 2.500 millones de pesos (32 millones de dólares a la cotización de ese momento). Y en los papeles de sus estados contables, resulta que el 74% de su activo total figuraba bajo el rubro de "Otros créditos".

O sea, dicho en otras palabras: tenía casi todo su capital prestado, vaya saber a quién o quiénes, por un total de 1.827 millones de pesos.

¿Cuál es el problema con esto? Simple. Si casi todo su capital ha sido destinado a préstamos, más que una sociedad de inversiones o aportes de capital, es una financiera.

Así lo entendió la propia Inspección General de Justicia cuando le rechazó el proceso de adecuación, planteándole una objeción muy clara: "Bajo una apreciación cuantitativa, resulta que materialmente el principal objeto de la sociedad panameña es de orden financiero crediticio, más que de participación en otras compañías".

Por eso el dictamen entiende que, dada la evidencia de los números presentados por la propia firma, al tratarse de una "actividad financiera o parafinanciera", la entidad debería estar "sometida a la competencia del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA", tal como se desprende de las cuentas analizadas que, por otra parte, "no brindan ninguna información a pesar de su inocultable importancia".

¿Me seguís? La IGJ le está diciendo a Aranda: "Maestro, con estos números, vos más que ser una sociedad de inversiones, sos un prestamista. Entonces vas a tener que pasar por el Banco Central para que te vea los números y te apruebe los pelpas".

Y por esa razón, además de rechazarle la inscripción en el Registro Público y de pedir la intervención por parte del BCRA, la IGJ considera que la offshore de Aranda debería pasar también bajo la mirada de la Unidad de Información Financiara (investiga lavados) y la AFIP, para verificar si no hubo evasión.

SIEMPRE HABRÁ JUECES AMIGOS.

Hasta ahí, puro sentido común. El tema es que Aranda (como te dije, el 2 de Clarín) se dio cuenta de que se le complicaba la aventura. Entonces apeló la resolución, pidiendo no sólo que se le apruebe la inscripción de su querida Luarán, sino fundamentalmente que se frenara la auditoría por parte de esos tres organismos que deberían haberle investigado las cuentas. Algo huele mal…

¿Dónde cayó el recurso de apelación? En la “Sala C” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, una sala manifiestamente favorable a las corporaciones y al Grupo Clarín.

Ocho meses más tarde, esa Sala emitió un fallo escandaloso. Escandaloso en varios sentidos, porque lo que hizo fue estructurar un fallo que le garantizara absoluta impunidad a Aranda, cubriéndole sus maniobras ilegales con la offshore, impidiendo que los organismos de control pudieran auditarle, y, lo más bochornoso, sugiriéndole qué camino seguir para evitar la inescrupulosa mirada del Estado sobre los números de la empresa. ¡Bingo!

¿Qué hizo la famosa Sala C? Prestá atención la picardía de la maniobra.

Lo primero que hace es decirle a Aranda que no hace lugar a su recurso para que se revea la decidión de la IGJ que le había rechazado la inscripción de su empresa.

Vos dirás: "Bueno, eso está bien. ¿Cuál sería el problema?".

El tema es que los jueces se basan en ese rechazo para decir que como no se conformó entonces la empresa en Argentina, ya no había nada que auditar. Posta. Eso argumentaron. Te lo transcribo: "Al haber sido rechazada la inscripción de la adecuación legal, nada hay que fiscalizar en el país".

Lo que lograron los jueces con esa resolución fue lisa y llanamente privar a la República Argentina de obtener información concreta y necesaria, mediante las investigaciones efectuadas por los órganos competentes en materia bancaria, cambiaria, impositiva y de lavado de activos, respecto de una sociedad que, constituida en un “paraíso fiscal” y en claro fraude a la ley, requirió de la Inspección General de Justicia la inscripción de su “adecuación legal”. ¿Se entiende lo que hicieron los jueces, no?

Pero la cosa no termina ahí, porque estos generosos magistrados fueron más allá con el diligente objetivo de encauzarle el camino al magnate de los medios argentinos.

¿No me creés? En una parte de la resolución, los jueces del tribunal dijeron por escrito que la presentación de LUARÁN ante la IGJ, en realidad no era una "adecuación" sino "un traslado del domicilio a la República Argentina".

O sea, le dijeron: "¡Aranda, anda para allá!".

Sí. Yo tampoco lo puedo creer.

Estos dos jueces intervinientes hicieron también de abogados y contadores de la empresa de Aranda, verdaderos asesores de lujo, al advertirle que existía un "error en el encuadre jurídico". Nadie les preguntó. Nadie les pidió semejante muestra de amor. Ellos solitos se encargaron de manifestarla.

¿Quiénes fueron esos jueces? Por un lado, la doctora Julia Villanueva, autora del voto y tradicionalmente una jueza que falla a favor de las empresas y en contra de lo que le marca la IGJ. Y el otro juez fue Pablo Heredia, quien se olvidó de pedir su apartamiento del caso, pese a que está denunciado por el presidente de la IGJ.

Cuando ese organismo presentó la recusación contra Heredia, adiviná quiénes resolvieron sobre el pedido... ¡El propio Heredia con Villanueva! Obviamente, decidieron que estaba "tudo bem, tudo legal".

Para completar el "círculo virtuoso", durante el tiempo en que se tramitaba esta apelación de Aranda, en un lapso de sólo 40 días el diario Clarín publicó siete notas periodísticas sumamente críticas a la IGJ. Parece bastante obvio: defendían a uno de sus popes de la labor de control y auditoría que pretendía llevar adelante la IGJ, uno de los organismos claves del Estado.

Conclusión. No sé para qué estos empresarios sinvergüenzas se van a fundar sus empresas fantasmas en Panamá, si acá en Argentina, con la justicia y los medios bajo su dominio, ya estamos en condiciones de afirmar que están disfrutando del mayor paraíso fiscal del universo.