El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba expresó en distintos medios su rechazo al banderazo convocado el pasado 20 de junio para repudiar la posible expropiación de la empresa Vicentín. Para Salas, es "aplaudir al que estafó a los productores". La cuestión central es mantener los puestos de trabajo y cómo dar solución al circuito agroexportador que quedó muy resentido por las deudas de Vicentín con los productores. El apoyo al interventor designado, Gabriel Delgado. Mirá la entrevista.

La Sociedad Rural de Córdoba ha dividido caminos con las restantes organizaciones integrantes de la Mesa de Enlace desde el famoso conflicto por la 125 en 2008.

Desde entonces integra CAME, en donde se comparten visiones marcadamente distintas acerca del rol que debe tener el sector agropecuario en el la política nacional.

"En noviembre del año pasado, antes de que asuma el gobierno, recibí mensajes en donde nos invitaban a cortar rutas. Los mensajes venían de personas vinculadas al anterior gobierno", Pedro Salas.

En su trabajo se distinguen y despegan de la característica participación de la Mesa de Enlace, que durante los últimos años brindó su férreo apoyo al gobierno de Mauricio Macri, incluso a pesar de que sólo resultaron beneficiados las grandes agroexportadoras y los pooles de siembra.

“Nosotros estamos en otra. Trabajamos en otro sentido (…), entonces obviamente tenemos otra visión porque nos dedicamos a otra cosa. Cuando dije que consideraba que era una payasada lo que estaban haciendo, se ofendieron”, Pedro Salas.

Quizás es por esto que la Sociedad Rural de Córdoba se haya mostrado en favor de las acciones que ha encarado el gobierno en el sentido de intervenir Vicentín, la quinta empresa agroexportadora más grande del país, y en contra del banderazo que reunió a miles de personas que se expresaron en contra de la intervención del estado.

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El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba encuentra difícil que la posible expropiación de Vicentín ponga en riesgo la democracia o la propiedad privada, teniendo en cuenta que el Estado Nacional se convirtió en el principal acreedor de la empresa a través de un crédito multimillonario y fraudulento que la empresa no podrá devolver.

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Para Salas, en realidad, se trata de mantener los puestos de trabajo y cuidar el circuito agrocomercial, que son las principales víctimas de los manejos fraudulentos de la empresa santafesina.

En efecto, Vicentín, además de deber enormes montos a distintas entidades bancarias, ha dejado grandes deudas a los productores agropecuarios que ahora se muestran preocupados por afrontar los costos para nueva siembra. La cuestión es cómo aportar soluciones en ese sentido.

“Desde San Francisco, pasando por Villa María, Bell Ville y Laboulaye hasta Río Cuarto, el cálculo más liviano para la próxima siembra es de 5.000 millones de pesos”, Pedro Salas.

No se trata de una empresa que quebró, sino de una banda de ladrones de guante blanco que, junto con la connivencia de los funcionarios macristas, gestionaron créditos irregulares, fugaron el dinero a cuentas offshore y finalmente quisieron hacer pasar todo como una quiebra.