Un diputado al que quisieron matar, encabezó la marcha por la democratización de la Justicia
Tras cinco meses del episodio en que un tirador disparó hacia un escenario en el que un grupo de dirigentes del Frente de Todos en un acto de campaña, el legislador que recibió el disparo y estuvo al borde de la muerte, Miguel Arias encabezó la manifestación por la democratización de la Justicia en Corrientes.
El legislador marchó junto dirigentes de organizaciones sociales y sindicales hasta el Superior Tribunal de Justicia con el fin de visibilizar la falta de independencia del Poder Judicial.
La marcha inició a las 9 y frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia se realizó un breve acto.
Miguel Ángel Brisas sostiene la bandera
En el mismo los manifestantes denunciaron que existe vínculos de parentesco entre los jueces y los funcionarios políticos del oficialismo, como también con legisladores provinciales.
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Además, hicieron notar que la Justicia de Corrientes no respeta los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, es clasista, selectiva y oligárquica, que garantiza los intereses de los poderosos y rechaza reclamos de los justiciables más humildes dificultando su acceso real a la Justicia.
En nuestro país la Justicia viene siendo un instrumento al servicio del poder político, aliado del poder económico conservador de siempre, para perseguir a dirigentes y organizaciones políticas, sociales y sindicales opositoras. Antes que se invente el concepto de “guerra judicial” o Lawfare, ya esto pasaba aquí.
Como muestra vale destacar el caso de Angelina Lesieux quien es víctima de Lawfare en Corrientes, sigue detenida desde hace años, ahora con prisión domiciliaria.
“Armaron su causa desde el programa de televisión de Majul bajo el título ‘pueblo chico corrupción grande’”, indicaron.
Se trata de la causa que ahora es observada en el ámbito federal ya que hay una denuncia de violación a la Ley Nacional de Inteligencia, porque una oficial de la Policía Federal Argentina declaró que hubo intervenciones telefónicas ilegales.
Hicieron notar, también, un caso de persecución política: la situación de Guillermo Galantini, defensor de Derechos Humanos y dirigente de Monte Caseros detenido luego de interceder en un violento desalojo de una familia que se quedó sin sus viviendas en las que habitaban hace 50 años.
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“Estuvo detenido más de dos semanas de manera ilegal, convirtiéndose en otro preso político hasta su liberación”, denunciaron.
Por este caso, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), exigió a las autoridades nacionales “poner fin a todo acto de hostigamiento y criminalización en contra de Guillermo Galantini, y del conjunto de personas defensoras de derechos humanos en Argentina, y garantizar su derecho al debido proceso”. Así como muchos otros casos del Lawfare correntino de persecución política y sindical.
En Corrientes, es evidente la pertenencia política de los Jueces y Fiscales son todos oficialistas ya que las parejas de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia son ocupan bancas Legislativas.
También es cuestionable que en la provincia no se adhiera a la normativa nacional que diferencia el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
“En Corrientes el Fiscal General es jefe de los fiscales y los defensores y, a su vez el Gobernador, se comporta como el jefe del Fiscal General y de los Jueces del Superior Tribunal de Justicia”, denunciaron.
La separación de funciones está prevista en la Reforma Constitucional Provincial del 2007, lo que derivó en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero actualmente se incumple.
