La titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño informó en las últimas horas en los Tribunales de Comodoro Py sobre la existencia de “un callcenter” destinado a realizar escuchas telefónicas ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri. 

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia,  Cristina Caamaño,  indicó que si bien eran los jueces los que autorizaban las escuchas telefónicas encontradas, la Corte Suprema enviaba las escuchas a las AFI, donde quedaban almacenadas y a disposición de los funcionarios políticos.

Entre las escuchas están las de referentes del kirchnerismo y dirigentes territoriales.

“Es una presentación para que el juez sepa que encontramos 105.000 archivos de audio, pero que nunca los requirieron.

Como ahora la causa la tiene el doctor (Marcelo) Martínez De Giorgi, le pusimos al tanto de estos archivos grabados por la AFI desde un punto a punto que hizo con la DaJuDeCo (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), explicó la titular de la AFI tras su presentación.

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Todo este mecanismo habría sido diseñado antes que asuma Macri, por lo que se lo puso en práctica desde los primeros días de su gestión.

La funcionaria, en relación a esto, recordó que “en 2015 se le quitó a la AFI la función de realizar escuchas y se le dio es función al Ministerio Público Fiscal. Pero cuando asumió Macri, se la saca al Ministerio Público -el 24 de marzo de 2015- y se pasa a la Corte, pero lo que se hizo desde la CSJ es devolverle las escuchas a la AFI por medio de estos enlaces punto a punto”.

Sostuvo también que “puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, de la mano del Director General (de la AFI), Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia”.

Las escuchas encontradas están fechadas entre 2016 y 2019, es decir, durante toda la gestión del Mauricio Macri. Por lo que, desde el punto de vista de Caamaño, “la orden tenía que venir del presidente (por entonces Mauricio Macri); el objetivo era escuchar online”.

Audios almacenados

El sistema punto a punto funciona como cuando se envía un archivo de manera digital.

Los archivos en formato de audio llegaban a una especie de repositorio digital y se cargaban al llamado Sistema de Administración (Sidea).

Desde allí, los espías escuchaban y desgrababan.

Pero había otros audios que llegaban en soportes, discos compactos, que contenían archivos de audios y que también eran cargados y desgrabados.

Para Caamaño, “esto marca que estas maniobras estaban totalmente organizadas”.

Fundamentó esto en que “existe una resolución firmada por (Gustavo) Arribas -ex jefe de la AFI- donde dice cómo va a ser el mecanismo del punto a punto que iba a asuntos jurídicos. Había un callcenter donde se recibían las escuchas y se analizaban”.

Aclaró, además, que “estas escuchas eran ordenadas por jueces y debían ser destruidas. Pero, por un lado, recibían los archivos por el punto a punto (el sistema on line), pero una vez por semana pasaban a retirar las grabaciones que estaban en los CDs”, por las oficinas de la Corte.

Remarcó, entonces que “los punto a punto eran prácticamente on line, con un atraso de menos de 24 horas. Pero los CDs los recibían a la semana. Cuando el juez pedía la devolución del material, se entregaban sólo los CDs y se quedaban con los archivos de audio, es decir, que es material que tiene la AFI de manera ilegal”.

Luego de su presentación Caamaño explicó que “lo que se devolvía eran los CDs, pero se quedaban con los audios y estos podían servir para cualquier cosa. Pero nada legal, todo lo ilegal, como acostumbra el marcismo”.

Sostuvo que hace tiempo se hallaron los sistemas de escuchas, por lo que se dio a conocer a la Justicia en aquella oportunidad. “Nosotros habíamos entregado estos informes a la Justicia, pero nunca requirieron los archivos. Entonces, lo tenemos resguardado para la Justicia y es lo que vine a avisar al juez Martínez De Giorgi”.

Respecto de lo que se encontró, expuso que “en 105.000 hay archivos desde la causa Segovia, por las que se cableó el penal de Marcos Paz, y así un montón de causas. Tratamos de no ver estas causas, sino de preservar los contenidos. Es la Justicia la que debe analizar esto, más allá de la existencia de una orden judicial”.

La causa a la que hace referencia es en la investigación que se le hizo a Mario Segovia –conocido como el “Rey de la efedrina”–, en la que Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, pidió al servicio penitenciario que indiquen qué teléfonos usaba el sospechoso.

Pero, luego, se hizo un cableado y se instalaron micrófonos, como también se pincharon teléfonos. Así, la AFI tuvo acceso a todas las conversaciones de los presos kirchneristas y también a las audiencias con sus abogados.

En los archivos “existen comunicaciones privadas que después se filtraban y que los jueces dicen que deben ser destruidas. Pero en la AFI quedaban guardadas”.

En relación a cuál era el fin de almacenar estas conversaciones, Caamaño indicó que “el objetivo es escuchar a todos, porque de ahí podés sacar lo que te sirva para apretar gente”.

Quienes llevaban adelante las averiguaciones respecto a las maniobras de espionaje ilegal “El juzgado Lomas de Zamora tenía un gran caudal de información y se hizo hasta donde pudo.

Luego, la causa pasó a Comodoro Py. Me parece importante hacer esta presentación, no es una denuncia, sino un aviso al juez de que existen 105.000 archivos”.