L a V de 23.30 a 24 hs “TLN Denuncia” por Canal 9. De lunes a viernes de 13 a 15 hs nos acompaña TOMÁS MÉNDEZ en “El Ojo de la Tormenta” por Radio AM 750.

Los políticos que venden armas

TLN Denuncia realizó una investigación sobre las empresas que proveen armas y elementos de protección a las fuerzas de seguridad nacional.

Uno de los principales lobistas es Roberto García Moritán, quien estuvo a favor de promover y aplicar el protocolo antipiquetes cuando era funcionario de gobierno.

El motivo

El hermano del expolítico es accionario, dueño de la principal vendedora de armas al Estado Nacional y a las provincias, Bersa S.A. 

Patricio García Moritán figura como dueño de Bersa y también como director de una empresa mayor de armamentos, con conexiones internacionales, Byrna Latam.

El negocio de “reprimir”

TLN pudo acceder a una de las compras directas que realizó el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la familia de García Moritán por .

El mismo vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciaba la compra por parte del Ministerio de Seguridad para comenzar con los protocolos: “10.800 pistolas 9mm marca Bersa, 19.700 chalecos…” “para fortalecer el excelente trabajo de las fuerzas de seguridad”.

¿Qué es un protocolo antipiquetes?

El protocolo antipiquetes lo dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación para desalentar las protestas y cortes de tránsito en nuestro país. Se trata de un procedimiento controversial (se le cuestiona su validez e inconstitucionalidad por impedir el derecho a la protesta). Los puntos que defiende la guía para mantener el orden público dicen:

Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos totales o parciales de acuerdo a los códigos vigentes: si hay un delito en flagrancia, podrán intervenir de manera inmediata. 

“Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas, no queremos cortes de calles y de rutas”, dijo Bullrich. No se permitirán “palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.

Serán identificados los autores, partícipes, cómplices o instigadores que participen de marchas y piquetes y sus datos se enviarán a la autoridad competente. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. “Algo que sucede es la quema de cubiertas, que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, subrayó Patricia Bullrich. Además, agregó: “La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley”.

niños, mujeres embarazadas o . o sus apoyos, .

Los miércoles se realizan las “marchas de los jubilados” frente al Congreso de la Nación. La ministra de Seguridad ha dispuesto que se aplique el protocolo antipiquetes para ¿garantizar el orden público?

TLN pudo acceder a una factura donde se refleja el equipamiento que adquiere el gobierno para “prepararse” frente a la “eventual” represión hacia los jubilados.

  • Cascos de protección antidisturbios con visera por $331 millones.
  • Guantes tácticos (708 unidades) por $237 millones.
  • Equipo de protección antidisturbios tipo burbuja (1000 unidades) $187 millones.
  • Equipo de protección antidisturbios plano (400 unidades) $125 millones.
  • Equipo de protección corporal antidisturbios por $338 millones.
  • Bastones antidisturbios largos y cortos (2000 unidades) por $45 millones.

Estos son ejemplos de algunos productos que adquirió el gobierno que pone a disposición de garantizar el orden público al menos 2.000 efectivos de las fuerzas de seguridad.

La pregunta es: cómo hace el gobierno para justificar semejante inversión si no hace falta reprimir. 

¿Hay que generar situaciones de violencia para comprar más armas, municiones, cascos, chalecos para la próxima marcha? 

Parece que el gobierno invierte para resolver un problema que ellos mismos han creado.

Pero, cuánto cuesta cada miembro de las fuerzas que se presenta a “luchar contra los jubilados” frente al Congreso.

Cada efectivo policial que participa del protocolo antipiquetes, le cuesta al pueblo argentino $3.500 millones.

Otras de las empresas proveedoras a las que el gobierno le pagó en la última compra es Tecnología Antibalas S.A

Esta empresa solo le provee al Estado Nacional, no posee ningún otro cliente en el mercado y como propietaria figura la Sra. Valeria Martelli.

La Sra. Martelli tiene conformada una empresa offshore en Panamá cuyo titular es Eduardo Martelli y la tesorera es Mónica María Braun. Esta última, ligada de manera directa a la familia Macri.

En la última venta realizada por la empresa al Estado Nacional figuraban los siguientes ítems y valores.

  • 270 cascos de protección balísticas. Precio unitario $477.240. Inversión total: $128 millones.
  • 67 escudos de protección. Precio unitario $7.700 millones. Inversión total: .

Entonces podría decirse que la ecuación que realiza el gobierno es generar un problema y junto a los políticos que venden armas y otras provisiones, ofrecer la solución.

Podés ver el informe completo en TLN Denuncia por Canal 9