Hace un año, denunciaron la sustracción de miles de pesos y dólares que una jueza federal tenía en una caja fuerte, pese a que tiene expresamente prohibido manejar dinero en efectivo.

Las marchas por la democratización de Justicia pusieron más en relieve la cobertura política hacia ciertos jueces sospechados de torcer fallos y proteger actos de corrupción.

Pero, en la Justicia Federal de Misiones queda al desnudo que los intercambios de favores van en ambos sentidos: primero, una jueza federal tenía en su despacho miles de pesos y dólares cuyo origen nunca fue aclarado, y en la misma provincia un fiscal federal fue denunciado por una serie de actos de corrupción.

Ninguno fue sancionado.

El caso de la jueza federal Verónica Skanatta, es llamativo, además, porque su madre, Mirta Tyden de Skanata, es la presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia, es decir, quien debe controlarla.

Verónica Skanatta

El escándalo que involucra a la jueza inició el 16 de diciembre de 2020, cuando se detectó que un empleado judicial que trabaja en el edificio de la Justicia Federal, ubicado en la avenida Mitre 2358 de Posadas, había contraído coronavirus.

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Como consecuencia se dispuso el cierre del edificio. Luego de esto se contrató una empresa para que se desinfecte el inmueble.

En esos días se realizó una reunión con las autoridades de las fuerzas de seguridad a fin de realizar un plan de trabajo relacionado a las prevenciones en el marco de las acciones para controlar el tránsito de personas en el contexto de la pandemia de coronavirus y en relación al decreto presidencial que establece restricciones de circulación. “En esa reunión ningún funcionario dio a conocer la existencia de dinero o de una situación similar”, indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

El 28 de diciembre Adriana Patricia Soria, la secretaria de la jueza Skanatta, ingresó a su oficina y halló que la caja fuerte estaba abierta y vacía. Tras esto, avisó de la situación a la jueza Skanatta y denunció el hecho a la Fiscalía Federal.

Dijeron ante la fiscalía que dentro de la caja fuerte había unos 12 millones y medio de pesos en dólares estadounidenses, reales y pesos uruguayos, además de un teléfono de alta gama.

La Gendarmería inició una investigación y demoraron a los trabajadores de limpieza, de 31, 37 y 23 años, pero luego fueron liberados porque no se encontró el dinero. No había pruebas en su contra.

Por otra parte, tampoco quedó claro de dónde había provenido el dinero denunciado como robado.

La secretaria judicial, Adriana Patricia Soria ensayó una excusa: sostuvo que había vendido una propiedad y que llevó a guardar el dinero al juzgado “por seguridad”. Pero esta transacción no habría sido denunciada a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El 16 de febrero se cumple un año y dos meses de aquel episodio que no fue aclarado.