Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago

La actual oposición hoy denuncia un supuesto plan de impunidad por la “masiva liberación de presos”. Se ha publicado cualquier cantidad de información falsa y se intenta vincular acciones particulares del Poder Judicial con una conspiración del Poder Ejecutivo. Lo que se busca es generar bronca.

Se plantean las más delirantes teorías: para consolidar base electoral, para conceder favores y hasta para conformar un ejército paramilitar de presos que confisquen las empresas privadas.

Sin embargo, durante el gobierno de Cambiemos, el Poder Ejecutivo hizo exactamente lo que hoy está intentando denunciar y de lo que no hay pruebas: pedían por liberaciones de presos. Ocurrió en marzo del 2018.

Noticia de Infobae del 6 de marzo de 2018.

De acuerdo a la información publicada por Infobae, en 2018 el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, pidió por prisión domiciliaria y la libertad condicional de personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes violentos y sexuales.

Se argumentaba en favor de los sistemas de tobillera electrónica y se hacía hincapié en la baja reinserción. Lo mismo que hoy denuncian.

Noticia de Infobae del 5 de marzo de 2018.

A su vez, también consta la intención de liberar a 1.421 presos del sistema penitenciario de la Provincia de Buenos Aires debido a la sobrepoblación.

Noticia de infobae de septiembre de 2018.

¿Hubo algún cacerolazo en contra del hecho de que el Poder Ejecutivo pidiera expresamente por estas medidas? Ninguno. ¿Algún medio hegemónico contrastó las denuncias actuales con los hechos pasados? Ninguno. Ahí están los operadores mediáticos, escandalizados y tergiversando la información.

Mirá el video

Armando una bomba

Las políticas de seguridad de Cambiemos se basaron en una falacia: mayor cantidad de presos significa mayor seguridad. Una forma de comprobarlo es comparar la cantidad de presos por millón de habitantes de cualquier país con su tasa de homicidios. En general, los países más seguros son los que menos presos tienen.

La necesidad de las políticas de “mano dura” tienen como objetivo dar una ilusión de seguridad que no es tal: vemos más presos y pensamos que encerrando a quienes cometen delitos se acaba la delincuencia en las calles, entonces nos quedamos tranquilos.

Así las cosas, todo lo que se hace es aumentar la cantidad de presos sin preocuparse por el verdadero propósito del sistema penitenciario: la reinserción. Eventualmente las personas que cometieron delitos cumplirán sus penas y saldrán en libertad como corresponde según la ley.

Leé también: Miedos de comunicación: las fakenews de los presos liberados y el gobierno

¿Y entonces? Si no hubo un trabajo de reinserción para todo lo que sirvió la privación de la libertad en condiciones inhumanas, como las de nuestras cárceles desde hace mucho tiempo, es para agravar la situación. Se estima que en Argentina más de la mitad de la población carcelaria es reincidente. ¿Cuál es el problema que hay que atacar entonces? No se soluciona encerrando. Eso sólo pospone e incrementa el problema.

En nuestro país, el gobierno de Mauricio Macri articuló estas políticas de mano dura a través de la conocida “doctrina Irurzun” que habilitaba a dictar la prisión preventiva sin mayores obstáculos. Como resultado se incrementó drásticamente el número de presos, sobrepasando la capacidad del sistema penitenciario. En Argentina se estima que un 40% de la población carcelaria no tiene condena firme.

La contracara de esta política fue la “Ley del Arrepentido” que permitía finalmente dejar en libertad o con beneficios a delincuentes que se acogieran bajo esta figura. Claro, sólo salían personas que fueran funcionales al relato de Cambiemos: así salió Fariña, por ejemplo.

Como se podrá adivinar, lejos de solucionar el problema de la inseguridad, sólo se estaba creando uno mayor. El resultado estalló con los motines de este año.

La situación de los establecimientos carcelarios durante el gobierno de Cambiemos fue denunciada reiteradas veces. A veces a través de organizaciones estatales y no gubernamentales con la introducción de recursos Habeas Corpus que eran ignorados por los jueces. Otras veces eran los mismos funcionarios del Poder Judicial que denunciaban la situación, pero nunca se llegó a nada.