El principal problema que tiene el gobierno en la agenda hoy es el precio de los alimentos. El rubro fue uno de los que más aumentó durante el año pasado, muy por encima del número promedio de la inflación. En el contexto de una pobreza creciente, las estrategias ineficaces de control de precios de los alimentos y la reducción de la asistencia del Estado (el fin del IFE) resultan la peor combinación. Es necesario avanzar con medidas que aseguren el precio de los insumos básicos contra las especulaciones de los sectores agroexportadores. 

Para la política no existen las vacaciones. En sintonía con las altas temperaturas, los conflictos políticos veraniegos también son acalorados. Más todavía en un año electoral.

El principal problema que tiene el gobierno hoy es el precio de los alimentos. El rubro fue uno de los que más aumentó durante el año pasado, significativamente por encima del número promedio de la inflación.

A diferencia de los aumentos en otros sectores, los alimentos impactan directa y rápidamente en la sociedad. Junto con los servicios, alquileres y combustibles, estos rubros significan la enorme parte del poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, mientras que los servicios y alquileres permanecen congelados, y serán tema de futuras preocupaciones, los combustibles y los alimentos no han dejado de aumentar.

Leé también: Inflación, especulación y falta de control: ¿por qué aumentan los alimentos si está todo congelado? Mirá el video

El problema de los alimentos parece más grave en cuanto significa resistir en una histórica pelea entre el gobierno y el campo agroexportador.

Según INDEC, el año 2020 cerró con una inflación del 36,1%, y aunque aún con la pandemia del coronavirus esta cifra fue menor que la de 2019, los precios de la canasta básica aumentaron un 45%.

En octubre aumentó un 6,6%; en noviembre un 3,7%; y en diciembre un 5,1%. Siempre por encima de la inflación.

En particular, lo que más aumentó, y lo que más preocupa, es el precio de la carne. Desde hace años arrastra aumentos muy por encima de la inflación promedio.

En 2020, mientras todos los costos de producción permanecieron congelados, el kilo de carne aumentó más del 50%. El 2020 fue también un año récord de exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa?

Lo que ocurre es que el sector pretende rentabilidad en dólares.

Leé también: Basta de mentiras: ¿Por qué siempre aumenta la carne?

Ahora bien, todos estos números son ya conocidos, si no de manera precisa, al menos sí en la práctica. No hacen otra cosa que registrar un conflicto que el ciudadano ya sabe que existe.

El problema es qué hace el gobierno. Hasta el momento, las estrategias han resultado ineficaces en este terreno porque, como hemos visto, los aumentos ocurrieron en desmedida.

En el contexto de este histórico conflicto con el sector agroexportador y los sectores productivos relacionados, el gobierno parece siempre estar corriendo por detrás, amagando con actuar decididamente sin hacer enojar a nadie.

La estatización de Vicentín, que se anunciaba en favor de la soberanía alimentaria, hizo enfadar al sector y el gobierno rápidamente abandonó el plan. (Si la medida era o no efectiva según sus pretendidos objetivos es otro problema).

Lo mismo ocurrió con el cierre de las exportaciones de maíz.

Lo que queda es una serie de parches, de medidas más diplomáticas, pero inefectivas a largo plazo. Tantos Precios Cuidados como la Ley de Góndolas son herramientas que actúan sobre el final de la cadena comercial y son fácilmente burladas por los formadores de precios.

Están también los sobrevalorados acuerdos, como los del corte de asado para las fiestas, que el bien predispuesto gobierno está siempre buscando realizar. No es que el acuerdo en sí sea una mala herramienta, al contrario. No obstante, como están planteados resultan muy circunstanciales, de corto alcance y poca incidencia. Así nadie se enoja.

El problema parece ser que el gobierno pretende acordar de buena fe con un sector que -ahora sí que resultan elocuentes los números- siempre quiere ganar más.

Mientras tanto, este conflicto particular se inserta en el contexto social de la Argentina a medio camino entre la desarticulación de las herramientas de la cuarentena (el fin del IFE y el ATP) y de cara a una segunda ola de contagios en los próximos meses.

Así, las estrategias deficientes para controlar el precio de los alimentos y la reducción de la asistencia del Estado resultan la peor combinación posible para comenzar a atacar el problema más grande de nuestra sociedad: la creciente pobreza.