El club de la obra pública puso la guita para zafar de la cárcel (y siguieron participando de las licitaciones)

Fue un caso bochornoso en Jujuy, donde se abrieron causas por corrupción que terminaron con varios funcionarios condenados por cobrar coimas. Pese a que hubo 31 empresarios que admitieron haberlas pagado, ninguno de ellos fue preso. ¿Cómo hicieron? Vas a tener que leer todos los detalles en este informe. Y te lo anticipo: no te podés perder la explicación del fiscal que se encargó de administrar un verdadero revoleo de probation, que permitió dejar a todos en libertad. No vas a poder creer lo que nos dijo.

Preparate que nos vamos a Chubut. Provincia donde el festival de la corrupción en la obra pública, los empresarios coimeando y los funcionarios cobrando para "sacar" los pagos terminó esta vez sí con delincuentes detrás de las rejas.

Pero también terminó -previsiblemente- con los dueños de las empresas proveedoras del Estado acomodando los papeles, pidiendo generosas disculpas… y acá no ha pasado nada.

Estamos en la tercera provincia más grande de nuestra geografía, sólo detrás de Buenos Aires y Santa Cruz. Es agosto de 2017 y una mujer se acerca a la Legislatura provincia para dejar lo que luego fue conocido por la prensa como el "sobre bomba". Y si bien es cierto que actuó la brigada antiexplosivos para descartar que hubiera algo peligroso en su interior, lo que detonó a partir de esa pila de papeles resultó más detonante que su peso en trotyl.

Se trató de la denuncia anónima que dio inicio a una serie de procedimientos judiciales, incluyendo el allanamiento de las oficinas de Diego Correa, valijer… digo… secretario privado del entonces gobernador Mario Das Neves.

Lo que apareció en su computadora fue categórico. Un documento Excel describiendo a la perfección y con detalles todos los pedidos de coimas y sus correspondientes pagos por parte de los empresarios de la construcción.

Una verdadera "Causa Cuadernos", en versión patagónica, que hubiera terminado con el gobernador preso, de no haber fallecido en octubre de ese mismo año. Tal vez fue su mejor coartada.

SENTENCIAR A LOS FUNCIONARIOS

Con evidencia abrumadora en contra de toda la plana mayor del gobierno provincial, las causas penales avanzaron con enorme ritmo y terminaron con varios expedientes llevados a juicios y una gran cantidad de exfuncionarios condenados y presos.

Correa fue el primero de ellos, sentenciado a 10 años de prisión y cumpliendo condena en la cárcel de Trelew. Aunque hay que admitirle cierta dignidad al momento de declarar en el juicio: "No es mi voluntad hablar de los muertos", dijo, dando a entender para quién se había corrompido.

Hasta ahí, todo bien. No es frecuente que la mano de la Justicia llegue a los poderosos que se enriquecen cuando llegan al poder.

El problema es que, como dice la sabiduría popular, "el tango se baila de a dos". Y si hubo políticos que cobraron coimas... necesariamente hubo empresarios que las pagaron para obtener un beneficio.

¿Sabés cuántos empresarios confesaron haber pagado coimas y no recibieron ni siquiera condena por un delito probado? No lo vas a creer...

En total fueron 31 los empresarios que se beneficiaron de la figura llamada "suspensión del juicio a prueba" o probation. Ni uno solo preso.

Para eso se comprometieron a realizar obras públicas para organizaciones de la sociedad civil. Muchos de ellos ya cumplieron. Levantaron un cuartito de cuatro por tres para una ONG y con eso quedaron limpios. A otra cosa.

LAVADO DE CARA

El que coordinó todo el operativo "lavado de cara" de los miembros del "club de la obra pública" en Chubut fue Marcos Nápoli, fiscal general de Chubut.

Nos llamaba la atención dos cosas en relación al "arreglo" con los empresarios. No sólo que ninguno fue preso. No sólo que todos arreglaron pagar con obritas descentralizadas, a cambio de su libertad. Pero además de todo eso, ninguno de esos empresarios coimeros quedaron fuera del reparto. Dicho en otras palabras: continuaron participando de los procesos de licitación y contratación de Chubut, y por ende, siguieron recibiendo millonarias obras. Como si nada hubiera pasado.

Por esa razón, ADNWEB se contactó con el fiscal de la causa, y el diálogo fue el siguiente. Te pido que lo escuches completo, porque lo que dice es tremendo.

Mirá el video

"La suspensión del juicio a prueba tiene un período establecido como una condición sine qua non. Si la obra no se cumple en el tiempo comprometido, el juicio cae y continúa el estado procesal en el que habían llegado", nos explicaba Nápoli al inicio de la charla telefónica.

En relación a la gran cantidad de empresarios que lograron esquivar las condenas por coimas, el fiscal destacó que se trataba de un caso con muchísimos imputados. "Preferimos establecer prioridad con los que para nosotros tenían mayor responsabilidad, que eran los políticos", sostuvo. Ah, mirá vos…

Sabiendo que el reboleo de probations a los empresarios resulta cuanto menos llamativo para la ciudadanía, Nápoli enfatizó en que "con la suspensión del juicio a prueba, eso implica también que la persona está procesada. No es que es sobreseída ni que se le terminó el tema, sino que está bajo el control del Estado". Y sobre ello, dijo que se trata de toda la corporación de empresas que se dedican a la obra pública, y que "el recupero para el Estado fue fenomenal".

El proceso indica que, con la finalización de las obras comprometidas, recién en ese momento los empresarios logran obtener el sobreseimiento, aunque "por extinción de la acción penal". Es decir, el Estado ya no los acusa.

Pero aquí lo más importante. Le preguntamos si durante ese proceso, hasta que se les dicte el sobreseimiento, los empresarios tienen algún tipo de inhabilitación para presentarse en nuevas licitaciones o contratos públicos.

Lo que respondió no deja de ser llamativo.

"El delito que ellos cometieron es el cohecho, es por decidir coimear a un político para que les adelante los certificados de pago", dijo el fiscal, señalando que para el caso de los partícipes necesarios, es decir, el actor que no es el político que cobra la coima, "no rige la pena de inhabilitación".

Pese a ello, el fiscal admitió: "Nosotros podíamos de todos modos ponérsela en la pauta de conducta de la probation", pero lo descartaron. ¿Por que razón? Prestá atención.

"No se las pusimos porque caímos en la cuenta de que la provincia se quedaba sin empresarios con los cuales contratar obra pública", dijo. O sea, literal: resultó, según el fiscal, que todos los empresarios de la obra pública en Chubut eran corruptos.

El tema es que si se los inhabilitaba por un tiempo para presentarse a licitaciones, según el fiscal, "eso implicaba tener que traer empresarios de otras provincias para continuar con la obra pública".

"Fue un manto de realidad decir: no vamos a traer empresarios de Río Negro o de Santa Cruz, que hacen exactamente lo mismo que hacen los de acá. Que coimean a los políticos para que les paguen los certificados de obras".

O sea. A ver si entendimos bien. El fiscal nos admitió que les “hicieron precio” a los empresarios locales porque si no, no quedaba ni uno habilitado para seguir laburando. ¿Entendimos bien? Y también dijo que si traían empresarios de otras provincias, terminarían pagando coimas a los funcionarios locales, tal como hicieron los chubutenses. ¿Dijo eso, no? Palabras más, palabras menos: todos corruptos, tanto empresarios como políticos.

Casi que es como decir que no hay que meter en cana a los violadores, porque igual van a venir otros violadores a hacer lo mismo. No le vemos demasiada diferencia con lo que afirmó el fiscal de Chubut acerca de los empresarios coimeros.

EL NEGOCIO DE RIGEL

Uno de los casos más emblemáticos de empresarios favorecidos por este particular criterio de la fiscalía de Chubut y del juez que aceptó semejante trato, es el del empresario Massoud Ighani, propietario de la firma Rigel. Atendé lo que te voy a contar.

Ighani quedó totalmente colgado del gancho con las abrumadoras pruebas que había en su contra por el pago de sobornos a los funcionarios de Das Neves. Y no le quedó otra que admitir que sólo durante 2016 y 2017 pagó coimas por 4 millones de pesos, casi un cuarto de millón de dólares, a la cotización de aquel momento. Plata bien gastada, a la postre, porque eso le permitió la liberación de órdenes de pago por 131 millones de pesos (equivalentes a 8 millones de dólares).

Para zafar de una segura condena y esquivar los barrotes, Ighani se comprometió a construir una salita para la ONG Fundación Juntos por un Corazoncito Feliz, en el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia (obra que todavía no concluyó, por otra parte).

Y mientras tanto, nada de esto le impidió a Massoud Ighani y a su empresa Rigel, seguir participando de licitaciones públicas y ganar suculentos contratos, tanto con la provincia de Chubut como los municipios.

El resto de los 31 empresarios la hicieron igual. Obras nimias para zafar de la cárcel. Y declararse culpables y coimeros sin que ellos les impida seguir currando con la obra pública.

¿Tan barata les habrá salido la libertad?

Hay claras señales de que el precio monetario que pagaron fue en realidad mucho más que el de esas obritas. Para eso tal vez habría que investigar el patrimonio del juez y los fiscales que actuaron en esta bochornosa causa.

¿Una vaquita de un millón de dólares para repartir?

Quizás la cifra no haya andado tan lejos.