El último negocio de Dante Sica

Horas antes de terminar sus funciones, el ministro de Trabajo y Producción convalida elecciones ilegales del Sindicato de Seguro, cuyos dirigentes estaban envueltos en una denuncia por corrupción. Se fugaron más de $1000 millones de la Obra Social de Seguros.

Juicio millonario

A partir de un decreto firmado por el expresidente Carlos Saúl Menem, en 1995 se suspendieron unos aportes a la obra social del Sindicato del Seguro, OSSEG. Estos aportes consistían en el 0,5% de cada prima de seguro que se rubricara en la Argentina.

Esta situación se llevó a un juicio que duró varios años. Quien representaba legalmente a la obra social era el Dr. Carlos Alberto Miodownik Vera, que además de ser abogado de la obra social, se desempeñaba como gerente del área legal. Es decir, trabajaba en relación de dependencia.

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Finalmente, la parte demandante gana el juicio en una segunda instancia y el decreto se declara inconstitucional. Esto significó una restitución de esos aportes para la obra social por el período que estuvo vigente el decreto y redundó en montos superiores a los $1000 millones de pesos.

Hasta aquí, buenas noticias para los afiliados y trabajadores de la obra social. Sin embargo, el conflicto se desató cuando se detectaron giros de cheques por sumas millonarias. Resulta que, secretamente, se había firmado un pacto en el cual la OSSEG se comprometía a pagarles los honorarios del juicio a los abogados.

Mirá el video:

Mecanismo para extraer dinero

El artículo 2° del Capítulo I de la Ley de Honorarios Profesionales (Ley 27.423) prohíbe expresamente el pago de honorarios en esta situación: “Los profesionales que actuaren en calidad de abogados para su cliente y hayan sido contratados en forma permanente, con asignación fija, mensual o en relación de dependencia, no podrán invocar esta ley (…)”.

Convenio de honorarios entre los abogados y OSSEG.

Primera cuota del convenio.

Segunda cuota del convenio.

Miguel Ángel Méndez, secretario adjunto del gremio, realizó la denuncia que se encuentra bajo investigación de la jueza María Servini.

A partir de la realización de la denuncia y en una maniobra política, Raúl Amancio Martínez, secretario general del Sindicato, convoca a elecciones. Lo hace 420 días antes del fin del período; o sea, casi 2 años antes de terminar su mandato.

Mirá la segunda parte:

Esos plazos no están permitidos por el estatuto del sindicato, por lo tanto, hacia mediados de 2019, el Ministerio de Trabajo suspende la convocatoria. No obstante, los comicios se realizan lo mismo. Luego, una nueva resolución judicial anularía el acto.

“Hay una grabación de una comisión directiva y en donde decían: ‘a este tema lo resolvemos con Sica’. Y Sica lo resuelve”, Enrique Rodríguez, abogado.

El lunes 9 de diciembre a las 21:45hs, a pocas horas de que finalice su gestión, Dante Sica resuelve convalidar el acto electivo. No obstante, horas antes se había resuelto en la Cámara de Trabajo que el acto que suspendía las elecciones era válido.

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Es decir, la convalidación del ministro va en contra del mismo estatuto del sindicato y de un fallo judicial. No sólo eso, sino que esto también significa que Dante Sica resolvió sin tener el expediente en la mano ya que se hallaba en la Cámara de Trabajo.

“Esto no es un mero detalle, es un hecho esencial. No se puede resolver sin el expediente”, Andrés Álvarez, abogado.