Jorge Lanata y Luis Majúl fueron los únicos en tener las escuchas difundidas a mediados del año pasado. Las aportó Elisa Carrió, luego de que supuestamente las hubiera recibido de manera anónima por debajo de la puerta de su despacho. Sin embargo, en realidad las grabaciones de las conversaciones de los presos en Ezeiza fueron obtenidas ilegalmente por el juez Claudio Bonadío y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Mirá las pruebas.

Operación Puf

En lo que fue un verdadero escándalo mediático, el 26 de mayo de 2019 el programa conducido por Jorge Lanata publica una serie de escuchas realizadas a presos exfuncionarios del kirchnerismo: Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi. En ellas se mantenían conversaciones con Eduardo Valdés, Carlos Zelkovicz y Claudio Minnicelli. Los audios también fueron difundidos por el programa de Luis Majul.

Mirá el video

Las dos causas judiciales gemelas que denunciaban una conspiración por parte de presos kirchneristas supuestamente para entorpecer el avance de la causa de Cuadernos de Coimas se iniciaron a partir de escuchas que fueron provistas por una persona anónima.

El origen de las escuchas

Las irregularidades están presentes desde el principio porque las intervenciones telefónicas a los presos opositores en Ezeiza se realizaron dentro del marco de otra causa: la de Mario Segovia, el Rey de la Efedrina.

El juez Federico Villena determinó en agosto de 2017 intervenir números telefónicos vinculados a Segovia. Para esto se dirigió a la AFI. También ordenó al Servicio Penitenciario determinar los horarios de uso para poder realizar las intervenciones.

Operación Puf: La AFI y Bonadío trabajaron para difundir las escuchas en los programas de Majul y Lanata

Villena pide a la AFI realizar escuchas a números relacionados a Mario Segovia.

Operación Puf: La AFI y Bonadío trabajaron para difundir las escuchas en los programas de Majul y Lanata

Oficio al Servicio Penitenciario para determinar momentos de utilización de los celulares.

Segovia se encontraba preso en el penal de Ezeiza, pero en el módulo 1. Por decisión del Servicio Penitenciario, en noviembre del mismo año trasladan al Rey de la Efedrina al módulo 6, donde estaban los presos opositores del macrismo.

De esta manera, la AFI aprovechó para realizar escuchas al resto de los presos de ese módulo a pesar de que Villena había autorizado solamente la intervención de los teléfonos de Segovia.

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Traslado de Segovia al módulo 6.

El 8 de febrero de 2019, la AFI le notifica al juez que ya dispone de las escuchas. Villena, por su parte, acusa el recibo de 553 discos compactos que contienen las intervenciones telefónicas.

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Comunicación de la AFI a Villena en donde se envían las escuchas.

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Villenas recibe los CDs.

Prestame las escuchas

De manera sorpresiva y mediante una infundada solicitud, aparece en escena el juez Claudio Bonadio pidiéndole a su par Villena que le comparta las grabaciones.

Sin embargo, el 11 de febrero, éste le responde que las mismasse efectuaron en el marco de una causa que no guarda relación con el objeto procesal de alguno de los involucrados en la causa de Bonadio.

¿Cómo sabía Bonadio de las escuchas y para qué las quería?

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Bonadio solicita los CDs.

En consecuencia, Villena le requiere a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) que le mande a su juzgado todas las grabaciones para su destrucción. Esto ocurre el 12 de febrero.

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Villena rechaza el primer pedido de Bonadio.

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Villena solicita los CDs para la destrucción.

Empeñado en conseguirlas como fuera, el 13 de febrero Bonadio le solicita directamente a la DaJuDeCO las escuchas, alegando que el titular de la causa había autorizado la entrega del material. Mentira.

El mismo día, la Agencia Federal de Inteligencia también solicita las escuchas al mismo organismo. Quien firma el documento es Hernán Martiré, uno de los jefes del ejército de 600 abogados de la AFI.

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Bonadio se dirige a la DaJuDeCO.

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La AFI se dirige a la DaJuDeCO.

Quienes finalmente entregan las escuchas son el director de la DaJuDeCO, Tomás Rodríguez Ponte, y el juez Martín Irurzun el día 21 de febrero.

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Rodríguez Ponte e Irurzun responden la nota de la AFI del 13 de febrero y entregan las escuchas.

El 28 de febrero Villenas vuelve a insistir a la AFI con la destrucción del las escuchas.

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Villena insiste en la destrucción de las escuchas.

Quizás sospechando que existía más material de escuchas, el 8 de marzo, y por disposición del director Gustavo Arribas, la AFI también las solicitaal mismo organismo, pero la DaJuDeCO insiste en que no corresponde.

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La AFI le solicita a la DaJuDeCO.

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Respuesta de la DaJuDeCO.

Por último, el 24 de mayo el infatigable juez Bonadio solicita ya no sólo las escuchas, sino la totalidad de la causa. Nuevamente, Villenas no se la dio.

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Bonadio solicita causa completa.

De todos estos documentos se desprende claramente cómo la Agencia Federal de Inteligencia trabajó en conjunto con el juez Claudio Bonadío presionando a Villena para que le proveyera las escuchas. Éste hubiera sido el camino legal. A saber: que el propio juez que las instruyó las hubiera cedido. Eso no ocurrió así porque Villena no dio las escuchas. Entonces, con la complicidad de Rodríguez Ponte e Irurzun, consiguieron las escuchas por otras vías.

Si querés saber más acerca de la operación:¿Qué es la Operación Puf?

¿Para qué eran las escuchas y por qué había tanto interés en ellas? Para que Jorge Lanata y Luis Majúl las difundieran en sus programas y se denunciara una supuesta operación. Las grabaciones llegan a ellos por Elisa Carrió, quien dijo haberlas recibido de un anónimo. El objetivo era totalmente mediático porque las denuncias (dos denuncias idénticas realizadas por Carrió y Stornelli) no prosperarían en la Justicia.