El jefe de los fiscales federales de Misiones fue denunciado por una empleada que, aseguró, debía darle el 75% del sueldo a su superior para no ser echada. También se le endilgan hechos que afectan al patrimonio del Ministerio Público Fiscal.

Las graves acusaciones que pesan sobre Rubén Ángel González Glaría, fiscal general federal de Misiones, no son escollo para que éste siga en funciones en este cargo de alta jerarquía.

El funcionario está acusado de la presunta comisión de los delitos de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”.

El fiscal, de 67 años, fue denunciado ante la Cámara Federal de Apelaciones por un cúmulo de hechos que lo involucrarían.

Quien activó la acción fue Marcelo Quiroz, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas quien recepcionó la queja de la abogada Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General, quien entre 2008 y 212 fue contratada por el Ministerio Público Fiscal Federal con la aprobación de Gonzáles Glaría, pero obligada a darle dos tercios de su salario mensual al fiscal general.

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En las denuncias contra González Glaría también queda al descubierto la habitualidad con la que se nombran en cargos judiciales a familiares de jueces, fiscales y secretarios.

La situación que evidencia estas situaciones de familiaridades involucran al secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz y su hija Andrea Quiroz.

Esta última, al ser hija de un funcionario de alto rango y haber estudiado abogacía, fue nombrada prosecretaria fiscal.

La mujer fue nombrada en la Fiscalía Federal de Oberá, hasta que en 2017 solicitó su traslado a Posadas, donde residen sus padres.

El traslado se concretó con un trámite en la Procuración General de la Nación y fue asignada a la Fiscalía Federal 2.

Pero, según la denuncia, al enterarse de esto, González Glaría  citó a Marcelo Quiroz y, según la denuncia “de manera violenta le ordenó que le dijera a su hija que cancele el traslado. Su enojo apuntó a que lo iba a dejar mal parado frente a un amigo cuyo hijo era prosecretario de la Fiscalía de Oberá y también habría pedido su cambio a Posadas”.

Quiroz ignoró el “apriete”, por lo que “el fiscal general llamó a la abogada y la amenazó de la misma manera, lo que la angustió y generó un pedido de licencia”, indica la denuncia.

El fiscal general “no pudo evitar el traslado, ordenó que no se le facilitara mobiliario ni computadora para trabajar”, dieron a conocer.

Otra situación que se lo involucra es el uso personal de una camioneta Nissan Frontier modelo 2016, que había sido secuestrada en una causa penal, pero que había sido asignada para el uso de una fiscalía; sin embargo la usaba el Fiscal General como un elemento de su propiedad, incluso para cruzar el puente internacional a Paraguay.

Pero, la acusación más grave es la de haber supuestamente encubierto al ex gobernador Federico Ramón Puerta -amigo personal de Macri- en un caso de trata de personas.

Lo que se había investigado era la explotación laboral de trabajadores rurales en plantaciones de yerba en la provincia de Misiones.

La causa estaba a cargo de la Fiscalía Federal 2, a cargo de Diego Stehr. Pero, en una resolución, lo separó de la causa y se autodesignó como investigador.

Es así que en el contexto del expediente de “trata y explotación laboral”, evitó avanzar en la acusación y así, la jueza federal Verónica Skanatta, sobreseyó a Puerta.

La causa se tramitó en mayo de 2015, cuando, “Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación Laboral de Personas, organismo dependiente de la Procuración General de la Nación sugirió al fiscal González Glaría la indagatoria a los imputados”.

En el marco de la causa, el 12 de diciembre de 2018 González Glaría desistió de la acusación contra Puerta y todos los integrantes de la empresa Yerbatera Misiones SRL en la causa por trata y explotación de trabajadores.

El jefe de los fiscales federales de Misiones continúa en funciones pese a estas irregularidades.

En su defensa  González Glaría sostuvo que “estos chicos (por los denunciantes) son muy atrevidos para decir cosas así. Hicieron una película de Netflix”.

El fiscal de 67 años, quien desde 1993 ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal (MPF) asegura que “la acusación es muy endeble”.

Aseguró, en relación a la causa en la que se sobreseyó a Federico Ramón Puerta que “se hizo una investigación, una verificación in situ y se observó que no había trata laboral, nadie estaba encerrado, todos iban y venían”, sostuvo en una entrevista al medio La Voz de Misiones.

El funcionario cuestionado aseguró que “no se detectó que hubiera trata”, pero aseguró que “había un montón de infracciones laborales, pero no trata”. Igualmente, la causa no avanzó.

“La jueza María Verónica Skanata me mandó a mí la causa y yo simplemente hago mi opinión y digo que no hay elementos para procesarlo, para mandarlo a juicio (a Puerta)”. La jueza, sobreseyó al ex presidente, ex gobernador y el senador menemista.

El medio misioneros publicó que el jefe de todos los fiscales federales de la provincia especuló que el motivo de esa denuncia radicada en su contra por este caso tiene su origen en “una interna que no es de acá” y apuntó a funcionarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) que aspiraban llegar a cargos en organismos internacionales prometidos por Puerta y, como respuesta al incumplimiento de esas promesas, impulsaban las acusaciones por trata.

“Cuando él se enteró que yo avalé el sobreseimiento, este amigo, colega, se sintió muy ofendido y entonces me hizo la denuncia a mí, de que yo hice un persaltum. Pero yo intervine en toda la instrucción de la causa”, señaló.

En relación al uso del vehículo, admitió que lo había usado. “La camioneta que tenía depositario judicial estaba a mí cargo, entregada por el juez Casals (José Luis) y tiene el seguro a mi nombre. Yo no cometía ningún delito con eso. Puedo ir a Paraguay, Brasil o Buenos Aires si lo tengo a mi nombre. No tengo impedimento. Soy fiscal las 24 horas del día”, se defendió.

El fiscal fue llamado dos veces a declarar. En ambas oportunidades presentó certificados médicos y no fue.