El servicio de Justicia de la provincia del Chaco está paralizado. Toda actividad tuvo que ser suspendida porque el sistema informático es sumamente inseguro y vulnerable.

La escandalosa situación en la que un grupo de hackers entró al servidor del Poder Judicial de la Provincia del Chaco y secuestró todos los documentos -de todas las causas en trámite- ocurrió a principios de enero, pero recién saltó a la luz en febrero, cuando debía reactivarse la actividad, pero debió ser suspendida.

Esto generó dos inconvenientes. El primero, que quedó al descubierto lo vulnerable que es el sistema informático de la Justicia provincial chaqueña, donde se deciden las vida y la libertad de las personas, pero también administra todo lo concerniente a las consecuencias de las relaciones interpersonales, de los actos y hechos jurídicos.

El segundo problema es que la situación vulnera claramente el derecho al trabajo de los abogados que se ven privados de avanzar en los trámites en favor de sus clientes.

Pero, lo escandaloso, grave, insólito es que los hackers no sólo entraron al servidor informático, sino que bloquearon los documentos -los encriptaron- y pidieron un rescate por ellos.

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La intrusión fue entre el 6 y el 8 de enero, según trascendió. La denuncia e inicio de la investigación comenzó el 11 de ese mes.

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal de Resistencia Ingrid Wenner

El modo en que actuaron los hackers fue por medio de un ransomware, un virus que ingresa a través de correo electrónico que el usuario abre un archivo PDF, fotografía o ingresa a un link. Es decir, alguien del Poder Judicial del Chaco, activó ese virus.

Una vez puesto en actividad, evidentemente todos los sistemas de seguridad informática fallaron y el virus canceló el acceso a los archivos judiciales, pero generó un documento en el que se solicita un rescate por ellos, aunque la cifra no trascendió.

Ante la situación descubierta por los abogados que necesitaban acceder a los archivos, se realizó la denuncia y el Superior Tribunal de Justicia resolvió desconectar el servidor.

Luego, los técnicos informáticos hicieron una evaluación. Descubrieron que se perdieron algunos servicios por lo que se anularon todos los servicios índole digital: INDI, IURE, IURE – Ingreso de demandas-, SIGI, SIGI profesional, servidores, internet, conexiones de red, conexiones VPN, correos oficiales, domicilios electrónicos, y todo otro servicio digital que brinda el Poder Judicial.

Luego se contrató una empresa de seguridad informática para que, una vez evaluado el daño, procesa a recuperar la información.

Lo que se resolvió fue hacer caso omiso a pedido de rescate de la información y avanzar en la apertura de los archivos.

La contratación fue directa. No hubo licitación. La beneficiada fue la empresa Penta Security Solutions.

La sospecha es que el grupo Hive Ramsonware fue el autor del ataque. Se trata de una organización de hackers que se dedica al secuestro de información y está señalado como el que había ingresado al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones de nuestro país el año pasado para obtener información en septiembre de 2020.

Esto aún está en investigación. No hay nadie demorado, nadie fue citado a declarar.

Mientras los técnicos de esta firma intentan resolver el inconveniente, José René Galassi y Mario Peredo Aguirre, del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, se presentaron como querellante ante la Justicia provincial.

Los letrados justificaron la presentación en que “ se necesita darle claridad a esto, porque es mucho el daño que hizo esta situación a los abogados, a los justiciables, a los empleados judiciales y jueces que hoy están haciendo malabares para atendernos y para poder llevar las causas adelante‘, planteó Galassi.

En el escrito presentado los profesionales solicitan que se investigue la razón por la que no funcionaron las alarmas al sistema informátivo. “¿Teníamos o no teníamos backup (copia de los archivos)?¿Que se está haciendo ahora?”, se preguntó.

Agregó, entonces que la presentación realizada es porque "el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción va a proteger y defender de una manera contundente al abogado y al justiciable".

Mientras tanto, toda gestión judicial está paralizada. Lo que implica que no se puede avanzar en la resolución de causas.